La emisión de valores por parte de cooperativa

Las cooperativas tienen potestad de emitir obligaciones que  pueden suscribir  asociados o terceros y pueden estar documentadas en certificados. La emisión no se encuentra sujeta a un régimen especial de autorización

 

Gustavo Muci Facchín

Socio del Escritorio Jurídico Romero Muci &Asociados

Despacho asociado a Deloitte

 

Las cooperativas son personas jurídicas de derecho cooperativo, de carácter abierto y flexibles, de capital variable e ilimitado, de propiedad colectiva.

El hecho de que las cooperativas sean asociaciones de capital variable las asemeja, al menos en ese elemento, a las entidades de inversión colectiva (EIC), cuyo capital es susceptible de aumento por aportes de los nuevos inversionistas y de disminución por retiro parcial o total, sin necesidad de convocar a una asamblea de inversionistas.

Así mismo, al ser variable el capital social de las cooperativas, estas no se rigen por los principios de determinación y de permanencia del capital que ordenan a las sociedades mercantiles; de manera que el factor preponderante para determinar la solvencia de una cooperativa no es el capital mismo de la asociación ni sirve este de factor de medición de su capacidad de endeudamiento, sino más bien el patrimonio. Así, el aporte por parte de los asociados al capital social, no es un factor fundamental en las cooperativas. Más bien, el patrimonio se construye mediante el trabajo apalancado en los certificados de inversión que las cooperativas pueden emitir.

La Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (LEAC) prevé que los asociados solamente tendrán derecho a que se les reintegren a su retiro de la asociación los préstamos que le hayan hecho a la cooperativa, el valor de las aportaciones integradas y los excedentes que les correspondan, una vez deducidas las pérdidas que proporcionalmente les correspondiere soportar y sin perjuicio de la revalorización que pudieran tener.

En las cooperativas, las pérdidas sufridas por la asociación también lo son de sus asociados y merman el propio patrimonio de estos, al menos al momento que estos decidan retirarse, pues recibirán tan solo la posición neta de sus haberes en la cooperativa (igual como ocurre en las EIC).

Conforme a lo prescrito por la LEAC, se entienden por recursos propios de carácter patrimonial, entre otros, las aportaciones de los asociados. Las aportaciones tienen carácter individual, corresponden a cada asociado, quienes podrán hacerlas en dinero, especie o trabajo. A cambio de las aportaciones realizadas, los asociados recibirán de la cooperativa certificados u otro documento nominativo, representativo de una o más de ellas. Estas aportaciones podrán ser para la constitución del capital necesario, de inversión, entre otras.

Así, las cooperativas tienen potestad de emitir obligaciones. Estas pueden suscribirlas asociados (aportaciones de inversión) o terceros. Tales obligaciones podrán estar documentadas en certificados. La emisión de obligaciones no se encuentra sujeta a un régimen especial autorizatorio ni por parte de la Sunacoop ni por parte de la CNV. Ello obedece a: (i) se trata de obligaciones emitidas dentro del marco del derecho cooperativo, sujetas a un régimen propio y autónomo; (ii) es la fuente fundamental de recursos dinerarios de las cooperativas en oposición a las aportaciones a capital, y el legislador no lo sometió a regímenes autorizatorios que encarecerían la consecución de recursos; (iii) el legislador lo propicia y fomenta.

Caso contrario ocurre cuando la asamblea de asociados de una cooperativa resuelva enajenar activos para que funjan como activos subyacentes en una titularización manejada y administrada por un tercero, quien emitirá títulos de participación con cargo a tales activos, siguiendo las pautas prescritas por las Normas Relativas a la Oferta Pública sobre la Titularización de Activos, dictadas por la CNV.  Tales títulos sí estarán sujetos al régimen autorizatorio consagrado en la Ley de Mercado Capitales, pero no a causa del ente originario del activo subyacente que dará vida a los títulos de participación –ergo, la cooperativa-, sino por causa del ente emisor que es persona o entidad distinta de la del originador. Adicionalmente, si el activo subyacente se encuentra conformado por derechos de crédito que la cooperativa tiene frente a sus asociados, si el acto de la cesión o enajenación del derecho de crédito con fines de ser titularizado es aprobado por la asamblea de asociados de la cooperativa, no habrá entonces necesidad de notificar al deudor cedido ni de obtener su aceptación respecto a la cesión, pues dicho requisito habrá quedado cubierto con la celebración de la asamblea de asociados de la cooperativa al estar presentes en dicho acto tanto acreedor (asociación cooperativa) como deudores (asociados).

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