LA BANCA EN-LÍNEA: ALGUNOS ASPECTOS LEGALES.

Gustavo Muci Facchín

SUMARIO:
I. Introducción.
II. Comentarios a las disposiciones de la Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras que regulan la banca en-línea o banca “virtual”.
III. Riesgos propios e inherentes a la banca en-línea.
IV. Operaciones bancarias transnacionales.
V. Conclusión.
VI. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN.

Los servicios bancarios en su mayoría son intangibles; dicha característica ha
permitido que la tecnología de la información y la comunicación afecte e impacte
directamente al sistema bancario, como a ningún otro sector de la economía. La
tecnología, en unas jurisdicciones más que en otras, ha desmaterializado los
servicios bancarios, hasta el punto que en algunos casos el banco, tácita o
virtualmente, se ha mudado a los hogares de sus cuentahabientes, con
independencia del sitio o jurisdicción donde éstos se encuentren ubicados1
. A
este fenómeno se le ha denominado servicios bancarios remotos (“remote
banking services”)2
y no contraviene por sí mismo disposición legal alguna.
Ahora, si es el propio banco extranjero (no autorizado por la Superintendencia
de Bancos y Otras Instituciones Financieras) el que está ofreciendo servicios en
línea a usuarios ubicados en Venezuela, podría estar contraviniendo las

1
¿La banca en casa? o ¿la casa como sucursal bancaria? Podríamos decir que estamos
presenciando los albores de la banca del futuro.
2
La banca por Internet permite la prestación de servicios dentro de una base geográfica más
amplia y extensa, sin necesidad de crear y mantener una importante red de sucursales
(nacionales e internacionales).
2
disposiciones legales que regulan al sistema venezolano, si llegare a captar, con
miras a la intermediación financiera o a la inversión, recursos ubicados en el
país o también pudiera ocurrir que la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras llegare al absurdo de considerar que toda presencia de
bancos extranjeros en Internet equivalen, tácita o virtualmente, a Oficinas de
Representación de Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras en Venezuela
y alegue que han contravenido la prohibición contenida en el Artículo 1793
de la
Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en cuyo caso tendría
que sancionar a toda la banca extranjera por tener presencia en Internet y no
contar con la autorización prevista en el Artículo 1784
de la Ley General de
Bancos y Otras Instituciones Financieras. Ahora bien, creemos que esa
interpretación es remota, primero porque la razón de ser de esas oficinas se
encuentra en la existencia de una presencia física para el fomento de negocios
económicamente importantes; segundo, debe haber el ánimo expreso por parte
del banco extranjero de abrir tal oficina de representación en Venezuela y
nombrar apoderados para tales fines (apoderados éstos que fungen como
verdaderos embajadores y promotores de negocios), y el sólo hecho de una
mera presencia bancaria en Internet no la convierte tácita y automáticamente en
oficina de representación, aún y cuando hubiere recibido por dicha vía depósitos
de venezolanos (depósito éstos que, en principio, tampoco se hacen ni se

3
“Artículo 179: Las oficinas de representación no podrán recibir ni directa ni indirectamente por
cuenta propia o ajena, depósitos de ninguna clase, ni intervenir en la realización de operaciones
pasivas que impliquen captación de recursos del público, a cuyo efecto deberán abstenerse de
proporcionar información o de efectuar gestión o trámite alguno relacionado con este tipo de
operaciones. El incurrir en este tipo de operaciones será considerado como falta grave, conforme
a lo previsto en el artículo 420 de este Decreto Ley.”
4
“Artículo 178: Las solicitudes de autorización para el establecimiento de oficinas de
representación de bancos o instituciones financieras extranjeros deberán cumplir los requisitos y
formalidades que establezca la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
mediante normas generales, las cuales decidirán sobre las solicitudes, en un plazo no mayor de
dos (2) meses contados a partir de la fecha de la recepción de la solicitud. Si transcurrido ese
lapso aún no ha sido admitida, los solicitantes tendrán derecho a ser informados del estado en
que se encuentra su solicitud y de las razones en que se fundamenta esta situación.
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras podrá revocar la autorización
otorgada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el presente Decreto Ley y en otras leyes
de la República, si fuere el caso.
El cambio de domicilio o de ubicación de las oficinas de representación, la clausura de sus
oficinas y la designación de sus representantes, requerirá autorización de la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras.”
3
captan en Venezuela). A esto debe añadirse que la oferta de servicios parte
desde territorio distinto al venezolano y muy probablemente los destinatarios de
la oferta no necesariamente sean venezolanos o de alguna nacionalidad en
particular. Llegar al dislate jurídico de considerar tales presencias digitales como
oficinas de representación colocaría a la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras en una delicada, incomoda y difícil posición, pues no
tendría manera de aplicar las sanciones contenidas en la Ley, ni de ejercer sus
funciones de ente supervisor ni regulador, ni siquiera a través de los pactos de
cooperación entre entes reguladores de distintas jurisdicciones. Esto es una
muestra más de cómo la tecnología ha impactado al negocio bancario y a las
leyes que lo regulan (trastocando conceptos de mucha tradición en el mundo
bancario); esa es una realidad que no puede ser inadvertida, ni siquiera por la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. No obstante lo
anterior, aconsejamos indicar clara e inteligiblemente en este tipo de páginas
Web los sujetos destinatarios de tales ofertas.
La situación arriba planteada implica e implicará constantemente (por el propio
dinamismo de la tecnología) nuevos retos de mercado para el negocio bancario,
sobre todo para aquellas actividades donde no esté presente la intermediación
financiera o del crédito y, por ende, no reservadas expresa y exclusivamente a la
banca, como por ejemplo la intermediación en los pagos o la actividad de
“agrupador” de servicios financieros. Las operadoras de telefonía celular han
creado infraestructura y desarrollado tecnología capaz de hacer posibles pagos
“persona-persona” y “persona-comercio”5
y, por ende, erigiéndose en este

5
Los sistemas de prepago de telefonía celular abren el camino para la implantación masiva de
sistemas alternos que permiten que consumos, de cualquier naturaleza, sean aplicados contra la
cuenta de prepago de telefonía celular, atrayendo como usuarios de este servicio principalmente
a individuos que en principio no tienen acceso a créditos ni tampoco al sistema bancario. Estos
sistemas alternos de pago permiten que el proveedor asuma muy poco o ningún riesgo crediticio
de parte del usuario, pues dicho riesgo queda cubierto por el monto prepagado y disponible en la
cuenta. Por ejemplo, en Finlandia ya se puede realizar consumos apuntando el dispositivo
infrarrojo alojado en el teléfono celular a máquinas expendedoras de refrescos. Y si ya los
teléfonos se comunican con máquinas expendedoras de refrescos, ¿qué impide que se puedan
comunicar con otras máquinas como por ejemplo las cajas registradoras de supermercados o
tiendas de conveniencia?
4
terreno como firmes competidoras de la banca6
. Mas aún, las nuevas
tecnologías permiten realizar pagos electrónicos con la misma instantaneidad y
simultaneidad que el uso de efectivo, con independencia de la distancia física
que separe a las partes involucradas7
.
En este mismo orden de ideas, la evolución tecnológica impulsa la
transformación bancaria y su convergencia con Internet8
, con la televisión, el
teléfono, en general, con las telecomunicaciones. Así lo demuestran las
numerosas alianzas celebradas entre bancos y empresas de
telecomunicaciones en Europa, Estados Unidos y Asia, entre las cuales se
encuentran las siguientes: “Movilpago”, resultado de una asociación entre
Telefónica y el BBVA, en España; la alianza entre Deutsche Telekom y
Commerzbank, en Alemania; la alianza entre la finlandesa Sonera y diversos
bancos para facilitar pagos a través de teléfonos celulares; la asociación entre
Capital One, AmericaOne y Sprint PCS, en los Estados Unidos de América; la
asociación entre las japonesas NTT DoCoMo y el Sakura Bank, en el Japón.
Tales alianzas no son fortuitas mas sí estratégicas, y ello obedece a las
siguientes razones: el actual negocio bancario depende de las tecnologías de
información, el costo tecnológico pesa sobre su presupuesto al demandar capital
para atender inversiones en tecnología y recursos humanos, mientras que las
empresas de telecomunicaciones han invertido ingentes sumas de dinero en el
desarrollo de tecnología para telefonía móvil (por ejemplo) y ven en los servicios
bancarios y financieros la manera de recuperar esa inversión y de apalancar la
infraestructura que han creado y desarrollado y de incorporar experticia en el
manejo de riesgo de crédito y logística en la intermediación en los pagos, y
sobre todo, lidiar con el hecho que el usuario no cambia fácilmente de banco y

6
La tecnología de la información y la comunicación ha permitido a instituciones no bancarias
competir con la banca en los servicios de intermediación en los pagos.
7
La tecnología ha permitido la separación de las actividades de intermediación en el crédito de la
intermediación en los pagos, con la potencialidad de reducir el papel que juegan hoy día los
bancos en el sistema de pagos.
8
Internet se ha convertido en un gran canal de distribución y prestación de servicios bancarios.
5
de lo costoso que es constituir, crear y funcionar un banco desde cero. He aquí
la era de la “tele-banking”9
.
La contrapartida de tales alianzas, son los riesgos que conllevan para el sector
bancario, los cuales encuentran su fuente en la dependencia de un tercero
(aunque éste sea un socio) en el suministro y mantenimiento de la tecnología10
,
el mantenimiento de la privacidad y confidencialidad de la información no solo
relativa a la base de datos de clientes de la institución bancaria sino también del
tipo de aplicaciones tecnológicas de que ésta dispone y de las claves de
seguridad y corta fuegos o murallas chinas que se hayan diseñado
especialmente para la plataforma informática de la institución bancaria (v.gr. lo
relativo a la arquitectura de esa plataforma informática), sistemas de cifraje o
encriptación11, blindaje de la plataforma informática a los fines de prevenir y
evitar accesos indebidos y no permitidos, etc. Ante tales riesgos y la
dependencia que los propicia (aunque éstos deben atenderse debidamente en
los contratos de alianza y asociación empresarial), implica la sustitución de tales
alianzas por adquisiciones por parte de bancos de empresas de
telecomunicaciones, empresas de ingeniería informática y de tecnología de la
información y comunicación, de empresas proveedoras de servicios de
certificación electrónica, atendiendo a que las actividades desarrolladas por
dichas empresas pueden ser catalogadas como actividades conexas o
vinculadas a la actividad bancaria, al ser complementarias a la misma. Dichas
adquisiciones deben atravesar la barrera, a veces infranqueable (al menos en
jurisdicciones que no han entendido las dimensiones de los cambios propiciados
por la tecnología en los servicios bancarios y, por su puesto, de la magnitud del
problema12), de las autoridades supervisoras quienes deberán autorizarlas o dar

9 Muci, Gustavo. “Tele-Banking”. El Universal, opinión, cuerpo 2, página 9. Caracas, 8 de enero
de 2002.
10 La tecnología de la información ha cambiado a la banca, acercándola al usuario y alejándola
de su administrador natural, abriendo campo, como expusimos supra, a la tercería (al
comúnmente denominado outsourcing tecnológico).
11 Pawlan, Monica. Cryptography: The Ancient Art of Secret Messages. http//:www.sun.com.
12 La posición de los entes de regulación y supervisión no puede ser otra que darle cabida a los
cambios impulsados por la tecnología, a la nueva concepción del negocio bancario y financiero
6
su visto bueno, caso contrario, se verá impedida su materialización o
formalización.
Sinergias de otra especie también se están dando y desarrollando en otros
sectores, como en el de cadenas de venta de productos al detal,
supermercados, y tiendas de conveniencia, con instituciones bancarias. Por
ejemplo, en Japón, el grupo Ito-Yokado, propietario en dicho país de la cadena
“Seven-Eleven”, que posee y maneja cerca de 10.000 tiendas de conveniencia
que abren las 24 horas del día, los 7 días de la semana, constituyó un banco enlínea
cuya presencia física se sustenta en una alianza con la cadena “SevenEleven”,
que le ha permitido apalancarse en las tiendas de conveniencia y
convertirlas en seudo sucursales del referido banco, en las cuales ha instalado
cajeros automáticos que dispensan efectivo y prestan otros servicios bancarios.
De manera que es evidente el impacto que la tecnología está teniendo en la
estructura y arquitectura del sistema bancario, en su concepción tradicional, en
la visión del negocio, así como también en las políticas de regulación y
supervisión, las cuales no sólo deberán abordar lo relativo a la participación de
intermediarios no bancarios en la prestación de servicios de pago en-línea o
electrónicos, sino también con los problemas relativos a la seguridad, privacidad
y carácter global de la provisión de servicios bancarios en-línea.
II. COMENTARIOS A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE REGULAN LA BANCA EN-LÍNEA O BANCA “VIRTUAL”.
La figura de la banca virtual aparece regulada por vez primera en la Ley de
Bancos y Otras Instituciones Financieras de 2001 (artículos 71 al 73)13. En
propósito, el Artículo 72 de la Ley señala que por servicios de banca en-línea se

que lleva años gestándose, a la apertura del mercado a nuevos competidores, dictando las
normas prudenciales que la ley le faculta al atribuirle competencias para regular esta materia,
tratando de que tales normas se encuentren en armonía con la del resto de las jurisdicciones del
mundo. La banca en-línea demanda un modelo de supervisión más flexible, de manera que
permita amoldarse rápidamente a los cambios que genera el vertiginoso avance de la tecnología.
13
Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela, de fecha 13 de noviembre de 2001.
7
entenderá al conjunto de productos y servicios ofrecidos por los bancos para
realizar de manera directa y en tiempo real, las operaciones que
tradicionalmente suponen la realización de llamadas telefónicas o movilizaciones
de los usuarios a oficinas, sucursales o agencias de la institución. Definición que
no compartimos por no reflejar de manera correcta lo que es la banca en-línea.
La definición ha debido referirse expresamente a la realización de operaciones y
servicios financieros a través de medios electrónicos tales como Internet, la
telemática o tecnologías similares, pero no englobando en élla a operaciones
que tradicionalmente se vienen realizando de manera digitalizada o electrónica o
telefónica. La banca en-línea debe ser entendida como un canal más para la
venta y prestación de servicios bancarios y financieros.
Una rápida lectura del Artículo 7114 de la Ley, pudiera hacernos pensar que la
existencia de la banca virtual está supeditada a la previa constitución de bancos
tradicionales, convirtiéndose en una mera extensión o prolongación de la sede
física de las instituciones financieras, no previendo la autorización de
funcionamiento para bancos que tengan como único modelo de negocio el de la
banca en-línea, sin presencia física de sucursales ni sede principal (sin
establecimiento), por ejemplo. Esa pudiera ser una de las interpretaciones que
se le pudieran dar al Artículo 71 de la Ley, pero no la compartimos, al no haber
previsto el Legislador una prohibición expresa que impidiese el funcionamiento
exclusivo de un banco bajo soporte electrónico y sin establecimiento (caso
distinto es el de las Casas de Bolsa a quienes si se les exige un establecimiento
físico). Consideramos que la intención del Legislador no fue prohibir la creación
de bancos en-línea puros, sino más bien exigir que primeramente obtuviesen la
autorización de funcionamiento ya sea como banco comercial, banco
hipotecario, banco universal, entidad de ahorro y préstamo, etc., y luego de

14 “Artículo 71: Los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras,
que aspiren operar dentro del Sistema Bancario Nacional bajo la modalidad de banca virtual,
deberán estar debidamente autorizados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras. Dicho servicio, será regulado conforme a la normativa que al efecto dicte la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.”
8
haber obtenido tal autorización tramitar la correspondiente a la de banca enlínea
o “banca virtual”, conforme prevé el precitado Artículo 71. Es decir, la Ley
de Bancos y Otras Instituciones Financieras impone, como ya indicáramos con
antelación, a las precitadas instituciones que deseen prestar en-línea sus
servicios contar con una licencia distinta y adicional a la de funcionamiento,
obviando el hecho que la institución financiera que desee realizar tal actividad ya
está autorizada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras para realizar operaciones y servicios financieros (al contar con la
autorización de funcionamiento) y que además se encuentra sometida a la
supervisión de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras,
y con ello, todos los mecanismos de ejecución de sus operaciones y canales de
distribución y prestación de servicios (telefonía, Internet, correo electrónico,
televisión por cable o satelital, etc.) quedan bajo su supervisión, lo que
realmente hace innecesario una nueva autorización. La autorización de
funcionamiento debía implicar la posibilidad, para los bancos y demás
instituciones financieras, de realizar todas aquellas actividades permitidas por la
Ley, con independencia del medio utilizado para realizarlas, dentro de niveles de
seguridad, transparencia y competencia adecuados. Nos parece absurdo el
obstáculo jurídico creado por el Legislador; máxime cuando la propia Ley
estableció en su Artículo 18 la ausencia de autorización para la apertura de
sucursales o agencias de instituciones financieras, las cuales cumplirían una
función similar a la Internet, que no es más, reiteramos, que un canal alternativo
de operaciones. Igualmente, en el área donde la innovación es más probable y
deseada, se invierte el principio general conforme al cual las instituciones
financieras pueden realizar aquello que es compatible con su naturaleza,
pudiendo la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, si lo
considera pertinente, suspender o prohibir o restringir una operación que no
considere adecuada a la naturaleza de una institución financiera. En materia de
banca en-línea el legislador regresó al régimen anterior establecido en la Ley de
Bancos y otras Instituciones Financieras de 1993 que exigía la previa
autorización para la realización de cualquier operación no prevista expresamente
9
en la Ley. En efecto, el Artículo 73 prohíbe la realización mediante banca virtual
de servicios y operaciones no contemplados en la Ley o no autorizados por la
Superintendecia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. La innovación
característica del mercado de “banca virtual” se verá afectada con el requisito de
autorización por cada nuevo producto o servicio no contemplado expresamente
en la Ley. En efecto, el Artículo 73 prohíbe la prestación, por medios electrónicos
o digitalizados, de servicios y operaciones no contemplados en la Ley o no
autorizados por la Superintendecia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras15
.
Realmente no se entiende por qué y con qué fin la Ley exige una autorización
distinta a la de funcionamiento. ¿Esa no basta? ¿Acaso no es el mismo negocio
de intermediación financiera y lo que varía es el medio a través del cual fluye?
¿Será que se busca evaluar de manera previa la forma y la tecnología que se
utilizará para prestar el servicio y cómo se pretende manejar el riesgo que dicho
canal implica? ¿Pero eso no se evalúa dentro del propio trámite de solicitud de
autorización de funcionamiento? ¿Si ese fuera el caso, por qué no se indicó más
bien que deberían cumplir con los requisitos mínimos de tecnología y seguridad
que a tales efectos exigiese la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras a través de normas prudenciales? ¿No es como mucho una licencia
de funcionamiento y otra para banca en-línea o “banca virtual”? ¿No es como
pedir licencias para tener y operar cajeros automáticos o bóvedas? En fin, la Ley
no responde estas inquietudes y deja las respuestas en cabeza de la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras quien deberá

15 La banca en-línea es definitivamente el área que está teniendo mayor crecimiento en el
sistema financiero y donde las inversiones realizadas, y por realizar, son y seguirán siendo bien
importantes. Excesivas restricciones en esta materia indiscutiblemente reducirán las requeridas y
necesarias inversiones en este campo y posiblemente coloquen al sistema financiero venezolano
en situación de desventaja frente a sus competidores internacionales. La innovación
característica del mercado bancario puede verse afectada con el requisito de autorización por
cada nuevo producto o servicio no contemplado expresamente en la Ley. Simplemente el
Legislador no entendió lo que estaba regulando.
10
dictar la correspondiente normativa prudencial. Habrá que esperar a que ésta se
produzca.
Por las razones expuestas, consideramos que la Ley de Bancos y Otras
Instituciones Financieras debería reformarse a los fines de: i) Precisar la
definición contenida en el Artículo 72 para referirla expresamente a la realización
de operaciones y servicios financieros a través de medios electrónicos tales
como Internet, la telemática o tecnologías similares; ii) Eliminar el requisito de
autorización para realizar “banca virtual” ya que la institución financiera que
desee realizar tal actividad ya está autorizada por la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras para realizar operaciones y servicios
financieros (al contar con la autorización de funcionamiento), o,
alternativamente, precisar que la misma estará sometida a notificación previa al
órgano supervisor. Queda entendido que los bancos e instituciones financieras
se encuentran sometidos a la supervisión de la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras, y con ello, todos los mecanismos de ejecución
de sus operaciones (telefonía, Internet, correo electrónico, televisión por cable o
satelital, etc.) quedan bajo su escrutinio, lo que hace innecesario una nueva
autorización; iii) Modificar el término utilizado de “banca virtual” y sustituirla por
banca en-línea o banca electrónica o banca digital o banca sin establecimiento,
ya que aunque en Internet todo discurre en un ambiente electrónico y
desmaterializado, o como muchos erróneamente han denominado “virtual”, pues
da la impresión de que su existencia fuese aparente y no real; pero
definitivamente es tan real como todo aquello que es palpable por tener una
existencia física –tangible- y los actos que en Internet se formalizan y ejecutan
tienen efectos y consecuencias jurídicas, por tanto a nuestro juicio el término
“virtual” propicia confusión y desconfianza; y, iv) Eliminar el Artículo 73 con lo
cual de pleno derecho entran en acción las demás disposiciones de la Ley
General de Bancos y otras Instituciones Financieras que regulan lo que pueden
o no realizar las instituciones financieras y contemplan las facultades que tiene
la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en los casos de
11
operaciones que considera no compatible con la naturaleza de una determinada
institución financiera.
III. Riesgos propios e inherentes a la banca en-línea.
Los bancos son instituciones de carácter muy especial dentro de la economía.
No se asemejan en lo más mínimo a compañías dedicadas a la manufactura de
diversos productos o extracción y comercialización de materias primas. Son
instituciones realmente distintas a todas estas empresas comerciales, y esto se
debe a que se dedican a la delicada tarea de manejar el dinero del público
depositante. Por ello, el negocio bancario debe estar cimentado sobre bases
sólidas de plena confianza, transparencia y seguridad. La banca en-línea no
escapa a esa realidad.
El vertiginoso avance tecnológico, la innovación de servicios, la ubicuidad16 y
globalidad de la Internet, y la dependencia de provisión de servicios de
tecnología de la información por parte de terceros (outsourcing), han
incrementado y modificado algunos de los riesgos asociados a las actividades
bancarias y financieras, entre los cuales se encuentran: riesgos operativos y de
administración, riesgos legales, y riesgos inherentes al mantenimiento del buen
nombre, de la reputación y confianza de las instituciones financieras.
En propósito, el Banco de Basilea o también conocido como el Bank for
International Settlements ha emitido unos Principios de Manejo del Riesgo para

16 Muci, Gustavo. ¿Delitos en la Red o simples ilícitos civiles? Revista Inversiones, N°
212. Caracas, Marzo, 2001. “La ubicuidad de la Internet, su inmaterialidad, el anonimato y la
encriptación son todos elementos altamente sofisticados que facilitan la comisión de delitos y su
impunidad. En este orden de ideas, la ubicuidad permite la comisión de delitos a distancia, sin la
necesidad de presencia física; la inmaterialidad de la Internet dificulta la prueba del delito; el
anonimato permite que el criminal esconda su verdadera identidad o se apropie indebidamente
de códigos de usuarios de terceros y se haga pasar por éstos; y, la encriptación coadyuva a que
el criminal esconda la naturaleza de sus actividades, atentando contra el proceso de
investigación e impidiendo que las autoridades recaben las pruebas necesarias para imputar la
comisión del delito a un sujeto dado y que éste sea enjuiciado y castigado con la justa pena. Por
tanto, es de vital importancia el diseño e implantación de políticas de seguridad y controles que
blinden la operación de banca en-línea.”
12
la banca en-línea17. Tales principios han sido agrupados en cuatro grandes
categorías: a) Supervisión de la alta gerencia y Junta Directiva; b) Controles de
Seguridad; c) Protección de la Confidencialidad de la Base de Datos; y d)
Manejo del Riesgo Legal y de Reputación o buen nombre.
a) Supervisión de la alta gerencia y Junta Directiva:
La máxima general que los administradores deben seguir a la hora de cumplir
con sus deberes legales y estatutarios es la de comportarse y ejercer sus
funciones como unos buenos padres de familia, y para el caso de los
administradores de entidades bancarias y financieras la máxima es la del mejor
padre de familia, es decir, actuar como la persona más diligente, por tratarse de
un negocio altamente sofisticado que requiere de mayores habilidades,
conocimientos, destrezas y prudencia
Adicionalmente, es conveniente destacar que por tratarse de servicios públicos
(impropios) los bancarios y financieros, por así proclamarlo la Ley de Protección
al Consumidor y al Usuario, la negligencia de los administradores de dichas
instituciones podría acarrearles la cancelación o revocación de la autorización de
funcionamiento, al verse impedidas de prestar continuamente el servicio.
Por tanto, la Junta Directiva y la alta gerencia son los responsables de
desarrollar la estrategia de negocios de banca en-línea de la institución
financiera a la cual pertenezcan. Adicionalmente, la Junta Directiva debería
calzar la estrategia de banca en-línea con las metas corporativas de la
institución bancaria, así como realizar análisis de riesgo de las actividades
bancarias que pretendan desarrollar por Internet, establecer procesos y
controles para identificar y mitigar los riesgos, y revisar constantemente la
estrategia, políticas, planes, controles, generación de reportes y objetivos de la

17 Ver Basel Committee on Banking Supervision, Risk Management Principles for Electronic
Banking, del mes de mayo de 2001.
13
banca en-línea contra los resultados que ésta produzca. Particular cuidado
deben ponerle a las relaciones de dependencia (tercería o outsourcing) con los
proveedores de tecnología, en las cuales no tienen el control directo, así como al
elemento de la ubicuidad de la Internet que permite estar en múltiples
jurisdicciones sin saberse presente y, por ende, la potencial aplicación de leyes
sin conocimiento de que pudieran aplicar18. La Junta Directiva y la alta gerencia
deberán cerciorarse que los procesos de gerencia de riesgo diseñados para las
actividades de banca en-línea se encuentran integrados a los procesos
generales de manejo de riesgo de la institución financiera. Cerciorarse de la
existencia y aplicación de suficientes controles físicos que impidan y prevengan
el acceso no autorizado a los espacios donde se encuentren los servidores y
sistemas informáticos, así como también que existan y que periódicamente se
revisen y se pongan a prueba los corta fuegos19 o murallas chinas20 que impidan
el acceso o penetración indebida (no autorizado) a las aplicaciones de banca enlínea
y bases de dato de la institución bancaria (el resguardo del secreto

18 Al analizar lo que es Internet y los beneficios, facilidades y ventajas que brinda, los múltiples
cambios que ha generado en el negocio bancario, debemos necesariamente percatarnos por una
parte que su ubicuidad permite estar en múltiples lugares sin saberse presente, relacionarse
jurídicamente con personas que pudiera no conocer y de quienes pudiera no tener la certeza de
su identidad, ubicación y domicilio y menos sobre su capacidad legal para, por ejemplo,
obligarse, atendiendo a que los actos que en Internet se formalizan y ejecutan tienen efectos y
consecuencias jurídicas. Por tanto, un banco extranjero debe cuidarse de no prestar servicios
bancarios en una jurisdicción en la cual no cuente con licencia o autorización para funcionar.
19 Partanian, Thomas; Ledig, Robert H.; Bruneau, Lynn, sugieren, en su libro “21 Century Money,
Banking & Commerce”, un checklist relativo a la contratación y mantenimiento de corta fuegos.
Dentro de los elementos de ese checklist se encuentran las siguientes interrogantes que sirven
de guía práctica para manejar la relación con la empresa de tecnología prestadora de los
servicios en cuestión: 1) ¿Quiénes serán los técnicos responsables de la instalación y
mantenimiento del corta fuego?; 2) Cuáles son las cuentas de acceso directo a los servidores
que albergan los corta fuegos y quienes poseen esas cuentas?; 3) ¿Qué filtros realiza el corta
fuegos?; 4) ¿Se pueden instalar controles de contraseñas o claves de acceso?; 5) ¿Se pueden
instalar alarmas configuradas para predeterminados eventos que anuncien riesgo o seguridad
vulnerada?; 6) ¿El mantenimiento se hace a distancia o en el sitio de ubicación del servidor?; 7)
¿Cuál es la metodología de cifraje o encriptación utilizada?
20 En este orden de ideas, es importante tener como política contratar periódicamente a “hackers
éticos” que pongan a prueba las barreras tecnológicas de seguridad instaladas para proteger al
sitio web (al contar con acceso autorizado al respectivo sistema informático) y que tales
actuaciones y las resultas de las mismas sean debidamente documentadas bajo estricto carácter
de confidencialidad.
14
bancario que impone el Artículo de la Ley de Bancos y Otras Instituciones
Financieras).
b) Controles de Seguridad:
Una de las características y problemas de la banca en-línea consiste en que la
relación banco-cliente es ciega, es decir, para el banco, cuando interactúa
electrónicamente con su cliente, no existe para éste la certeza plena de su
identidad, aún y cuando éste posea un número de identificación personal o una
clave numérica o alfanumérica asociado a su cuenta bancaria y que lo
identifique ante el banco. El banco presume, salvo prueba en contrario, que la
persona con quien está interactuando es la titular de la cuenta y de la clave que
le está asociada. Este es un problema sensible que arremete contra la seguridad
y transparencia de la banca en-línea, e inclusive contra el desarrollo, a través de
ésta, de otros servicios y negocios.
Otra de las características y problemas es la desmaterialización de la relación
banco-cliente, lo cual trae consigo lo relativo al aseguramiento de la integridad
de los mensajes que banco y cliente se intercambien y su no repudiación, así
como también la posibilidad de que toda interacción banco-cliente genere trazas
y que dichas trazas puedan atribuirse al cliente que corresponda
21
.
A los efectos de prevenir que el banco atienda de manera eficiente la
autenticación de la identidad de sus clientes y que los mismos cuenten con la
capacidad legal para contratar con el banco, el banco puede utilizar diversidad

21 Las siguientes operaciones deberían generar trazas, en el entendido que las mismas puedan
realizarse plenamente dentro de un ambiente digitalizado: 1) la apertura, modificación y cierre de
cuentas bancarias por parte de cuentahabientes (aunque es legalmente posible, materialmente
aún no es viable en Venezuela al no existir proveedores de servicios de certificación electrónica
en los términos previstos en la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas); 2) el acceso y
consulta a cuentas bancarias por parte de cuentahabientes; 3) cualquier operación o transacción
que tenga consecuencias financieras; 4) cualquier operación que implique la disposición de los
recursos depositados en las cuentas bancarias; 5) cualquier autorización que el sistema le haya
dispensado al cuentahabiente para sobre girar su cuenta bancaria; entre otras.
15
de metodologías existentes para establecer tal autenticación, entre las cuales se
encuentran: los números de identificación personal (PINs); contraseñas; tarjetas
inteligentes; tecnología que aplique la biometría; y, los certificados electrónicos.
Estos pueden utilizarse de manera individual o conjunta; en todo caso, la
conjunción de ellos genera mayores niveles seguridad.
Pensamos que los problemas arriba planteados se atienden eficientemente con
la utilización de firmas electrónicas22 (reguladas en la Ley sobre Mensajes de
Datos y Firmas Electrónicas). Las firmas electrónicas tienen la eficacia jurídica y
valor probatorio de la manuscrita23. Existen firmas electrónicas susceptibles de
verificación (aquellas vinculadas a un certificado electrónico). Los certificados
electrónicos los proporcionan proveedores de servicios de certificación24, y
permiten la comprobación de la identidad del signatario. La conjugación práctica
de la tecnología utilizada con el servicio prestado por dichos proveedores, logra
que la firma electrónica (en concreto la firma digital) proporcione los atributos
siguientes: a) Autenticidad: el de la autoría del mensaje y que el mismo, por

22 Conforme a lo proclamado por la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, la firma
electrónica deberá llenar los siguientes requisitos a los fines de ser considerada tal firma
electrónica y contar con los efectos jurídicos que le atribuye la prenombrada Ley: a) garantizar
que los datos utilizados para su generación puedan producirse sólo una vez, y asegurar,
razonablemente, su confidencialidad; b) impedir forjamiento; y, c) impedir alteraciones a la
integridad del mensaje de datos.
23 Son funciones tradicionales de la firma manuscrita: identificar a una persona, proporcionar
certidumbre en cuanto a su participación en un negocio jurídico, demostrar el ánimo o la voluntad
del firmante en ser parte de determinado acto, y vincular al firmante con el contenido del
documento que suscribe.
24 Los proveedores de servicios de certificación tienen como finalidad proveer certificados
electrónicos que permitan la comprobación de la identidad del firmante. Son terceros de buena fe
que certifican la identidad de un signatario (lo cual se logra, en principio, a través de la
distribución segura de claves públicas y de otros elementos que permiten la verificación de la
firma electrónica y la identidad de su signatario). En propósito, el Artículo 34 de la Ley de
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas señala que los certificados electrónicos
proporcionados por los precitados proveedores deberán garantizar la validez de las firmas
electrónicas que certifiquen, y la titularidad que sobre ellas tengan sus signatarios.. Ahora bien,
aunque el certificado electrónico emanado de un proveedor de servicios de certificación produce
certeza en cuanto a la identidad del autor o signatario de un documento, dicha certeza no es
equiparable al rango de documento notarial, por carecer los proveedores de servicios de
certificación de la cualidad de notarios en los términos del Decreto-Ley de Registro Público y del
Notariado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número
5.556 Extraordinario, de fecha 13 de noviembre de 2001, y luego publicado nuevamente, debido
a errores materiales, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número
37.333, de fecha 27 de noviembre de 2001.
16
tanto, sea atribuible a su signatario con plena certeza jurídica (identidad); b)
Integridad: el de la integridad del mensaje (que el mensaje no sea susceptible a
forjamientos o alteraciones desde el momento que su signatario lo crea o genera
y suscribe hasta que llega a manos, si se quiere, del destinatario25); c) el
rechazo del envío del mensaje, ya sea en origen (por el remitente) o en destino
(por el destinatario), es decir, que el remitente niegue que haya enviado el
mensaje o el destinatario haberlo recibido; y, d) el problema de la
confidencialidad de los mensajes electrónicos. En otras palabras, eliminar, de los
negocios jurídicos que se perfeccionan electrónicamente, el carácter de
relaciones “ciegas”. Pues bien, a través del sistema de certificación electrónica
consagrado en la Ley en comento, los precitados problemas de autoría,
integridad y no rechazo en origen, consiguen solución con validez jurídica.
En vista de la íntima interrelación existente entre la solución al problema
planteado y el negocio de banca en-línea, ¿pudieran los bancos fungir como
proveedores de servicios de certificación? Los bancos de manera directa no,
pero no existe óbice legal alguno para que posean en un 100% una empresa
que tenga como objeto proveer servicios de certificación. Nuestra conclusión
deriva de: La Ley de Bancos regula expresamente a la “banca virtual” (ver
supra); la provisión de servicios de certificación electrónica es una actividad
regulada en la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas26; y, como
quiera que es imposible desvincular la prestación de servicios bancarios en-línea
con la necesaria existencia de certificados electrónicos, debe entenderse que la
provisión de servicios de certificación es una actividad conexa o vinculada27 a la

25 Ver Artículo 7° de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.
26 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 37.148, de
fecha 28 de febrero de 2001.
27Muci, Gustavo; Martín Ponte, Rafael. Las Telecomunicaciones como negocio conexo al
bancario. Revista Dinero. Caracas, Julio 2002. “La Ley General de Bancos y Otras Instituciones
Financieras determinó en forma clara que los bancos universales pueden realizar operaciones de
inversión en el capital social de cualquier clase de empresa, pero sujetas a limitaciones
cuantitativas en función del negocio jurídico desarrollado por las empresas receptoras de la
inversión. En este sentido, el numeral 6) del artículo 80 de dicho texto legal distingue, en primer
término, aquellas inversiones que se realicen en empresas que no desarrollen actividades
“conexas o vinculadas” con la bancaria, en cuyo caso el límite de la inversión será del veinte por
17
“banca virtual” (artículo 80 Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras) al
ser complementaria a ésta y no generar conflictos de interés ni competencias
desleales. El banco que pretenda poseer una empresa de certificación
electrónica deberá contar con la previa autorización de la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras y cumplir con los requerimientos de la
Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Dichas adquisiciones deberán
atravesar la barrera, a veces infranqueable (al menos en jurisdicciones que no
han entendido las dimensiones de los cambios propiciados por la tecnología en
los servicios bancarios y, por su puesto, de la magnitud del problema), de las
autoridades supervisoras quienes deberán autorizarlas o dar su visto bueno
previo, caso contrario, se verá impedida su materialización o formalización28
.

ciento (20%) del capital social de la misma, pero dicha participación podrá extenderse hasta un
período de hasta tres (3) años, al término del cual deberá reducirse a un límite máximo del diez
por ciento (10%) del capital social de la referida empresa. En segundo lugar, cuando se trate de
inversiones en empresas que desarrollen actividades “conexas o vinculadas” con la bancaria, no
existen limitaciones cuantitativas vinculadas al porcentaje de la inversión sobre el capital social
de la empresa receptora, pero el monto total de las inversiones no podrá exceder del veinte por
ciento (20%) del patrimonio del banco universal de que se trate. Esta última limitación
cuantitativa tomará también en consideración el monto de las inversiones en empresas que no
desarrollen actividades “conexas o vinculadas” con la bancaria. No establece la Ley General de
Bancos una definición precisa sobre lo que debe entenderse por actividades conexas o
vinculadas a la bancaria, pero su construcción gramatical nos permite deducir a priori que se
refiere a todas aquellas actividades incidentales o que se deriven de la ejecución de las
actividades de un banco universal, en el entendido de que la realización de las mismas producirá
un beneficio general a los clientes de los bancos universales y que en modo alguno generará
competencia desleal, conflictos de interés o de cualquier otra forma riesgos adicionales a la
estabilidad del sistema financiero. Así, bajo este género de actividades consideramos apropiado
incluir a su vez dos distintas clases de operaciones; a saber; (i) aquellas cuya vinculación con la
bancaria se deriva por el hecho de compartir su naturaleza financiera (V.g. las empresas de
seguros, las casas de bolsa, los fondos mutuales, los fondos y sociedades de capital de riesgo y
las administradoras de los mismos, etc.); y, (ii) aquellas actividades que sin ser financieras en su
naturaleza coadyuvan a ejecutar las operaciones y negocios de los bancos universales, en otras
palabras a la consecución de su objeto social, lo cual comprende obligatoriamente a las
empresas de telecomunicaciones, incluyendo a las que se dediquen a Internet y la telefonía
celular, así como a las empresas de tecnología destinadas al desarrollo de software. Esta
interpretación está acorde con las corrientes de las más avanzadas legislaciones del mundo,
muchas de las cuales no tiene ningún tipo de restricción sobre la clase de sociedad comercial en
las cuales los bancos universales pueden invertir, V.g. Austria, Alemania, Grecia, Luxemburgo,
España, Suiza y el Reino Unido.”
28 En este orden de ideas, opina Marcelo A. Saleme Murad, autor argentino de El Dinero. Firma
Digital – Banca Electrónica – Infraestructura Bancaria de Firma Digital: “…también los bancos
autorizados a funcionar como tales en la República Argentina, pueden ser Autoridades
Certificantes Licenciadas. Conforme la Comunicación “A” 3086 2.2.3 y 2.2.10 BCRA, ya pueden
serlo, si además reúnen los requisitos estipulados por la Ley 25.506 y su reglamentación. Esto
solucionaría al menos dos problemas: 1) la emisión de un certificado de clave pública cuando el
18
c) Protección de la Confidencialidad de las Bases de Datos:
La confidencialidad implica el velar por el deber de mantener el secreto bancario
y, por tanto, impedir el acceso indebido y no autorizado a las bases de datos del
banco. La falta de diligencia en el manejo y resguardo del secreto bancario
expone la reputación del banco y su buen nombre, así como también a la
reparación e indemnización de daños y perjuicios, y a las sanciones legales del
caso (artículos 446 (apropiación indebida de información de clientes)29 y 447
(apropiación de Información por Medios Electrónicos)30) de la Ley General de
Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Las políticas y controles internos para el manejo de la confidencialidad de las
bases de datos deberían comprender, según sugiere el Banco de Basilea: 1) a la
base de datos sólo podrán tener acceso aquellas personas que estén
debidamente autorizadas; 2) toda la información confidencial debe ser
mantenida en un ambiente seguro que la proteja de revisiones no autorizadas o

cliente concurre físicamente al banco a hacer su primera operación, ahorraría trámites y
complicaciones innecesarias, 2) la seguridad que ello proporciona al sistema bancario debido a
que es el mismo sistema y no un organismo extraño el que otorga un certificado y eventualmente
lleva un registro de los mismos. A éstos efectos, el BCRA puede:
1.- Establecer un sistema “cerrado”, por el cual los bancos no pueden operar con clientes en el
ámbito de banca electrónica en las operaciones que requieran firma digital salvo que sea un
banco o entidad financiera quien emita el correspondiente certificado de firma digital en las
condiciones de la Ley 25.506;
2.- Establecer un sistema “mixto”, en el cual, el BCRA autorice a su vez a los bancos y entidades
financieras a “homologar” los certificados de firma digital emitidos por empresas no financieras;
siempre que los Bancos se hagan responsables de la solvencia técnica y “moral” de los
certificantes. Nada impide que los Bancos monten sus propias empresas de certificación, en la
forma dispuesta por la comunicación “A 3086” y concordantes. Pueden asociarse con empresas
líderes internacionales en la materia; y lógicamente controlar que el proceso de digitalización de
firmas sea correctamente efectuado. (Artículo 16 b de la Ley 25.506)…”.
29 “Artículo 446: Quien a través de la manipulación informática o mecanismo similar, se apodere
o altere documentos, cartas, mensajes de correo electrónico o cualquier otro documento o efecto
personal remitido por un banco, institución financiera o casa de cambio, a un cliente o usuario de
dicho ente, será penado con prisión de ocho (8) a diez (10) años.”
30 “Artículo 447: Quien utilice los medios informáticos o mecanismo similar, para apoderarse,
manipular o alterar papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualquier otro documento
que repose en los archivos electrónicos de un banco, entidad de ahorro y préstamo, institución
financiera o casa de cambio, perjudicando el funcionamiento de las empresas regidas por este
Decreto Ley o a sus clientes, será penado con prisión de ocho (8) a diez (10) años.”
19
modificaciones durante su transmisión por redes públicas o privadas; 3) que los
estándares y controles internos sean asumidos por los terceros que prestan
servicios de tecnología de información, consultoría, etc. o se encuentren
vinculados al banco por efecto de alianzas tecnológicas; entre otros.
d) Manejo del Riesgo Legal y de Reputación o buen nombre.
A los efectos de proteger al banco de los riesgos del propio negocio, de los
riesgos legales y de reputación (mantener su buen nombre), los servicios
bancarios en-línea deben ser prestados de manera continua y consistente de
acuerdo con las elevadas expectativas de los clientes en cuanto a rápida
disponibilidad y atención inmediata a sus transacciones, y apegados a derecho,
conforme a la legislación de la jurisdicción donde se presten los servicios. A los
efectos del manejo del riesgo legal y de reputación, debe tenerse particular
cuidado con el carácter de la ubicuidad de la Internet y la posibilidad que ésta
implica de hacer presente el negocio de banca en-línea en múltiples
jurisdicciones del mundo sin que se cuente con licencia o autorización para
operar y realizar actividades bancarias y financieras en todas esas
jurisdicciones. El banco debe tener mecanismos para atender de manera
eficiente y efectiva cualesquiera incidentes y ataques, internos y externos, que
pudieran surgir y sufrir, respectivamente, los servidores y el sistema informático
que albergan y dan vida al negocio de banca en-línea. En otras palabras, el
banco debe tener planes de contingencia que permitan la continuidad del
negocio bancario en-línea. En resumen, el manejo del riesgo legal y de
reputación implica eficiencia, diligencia y efectividad continua y constante en la
atención de los riesgos expuestos en los literales anteriores31 (v.gr. supervisión

31 En nuestra opinión, es de vital importancia preconstituir pruebas en cuanto a la atención
diligente, recurrente y oportuna de la seguridad del sitio web que da cabida al negocio de banca
en-línea y del servidor que lo alberga. Es igualmente importante delimitar y limitar la
responsabilidad dentro de los contratos de servicios, ya sea de albergue o de aquellos que se
presten desde el propio sitio web; también es trascendental advertir al usuario acerca de los
niveles de seguridad del sitio web y del alcance de la garantía de la privacidad. En este orden de
ideas, es importante tener como política de la empresa contratar periódicamente a “hackers
éticos” que pongan a prueba las barreras tecnológicas de seguridad instaladas para proteger al
20
de la alta gerencia y Junta Directiva; diseñar, implantar y revisar de manera
constante controles de seguridad; protección de la confidencialidad de la base
de datos).
VII. Operaciones bancarias transnacionales y supervisión bancaria.
La ubicuidad de Internet trasciende las barreras y fronteras físicas, convirtiendo
a cualquier negocio que en ella se quiera desarrollar en uno de potenciales
proporciones internacionales o transnacionales, trayendo consigo diversidad de
implicaciones legales y jurídicas. La globalización e integración mundial
encuentran en la Internet y en la tecnología de la información y comunicación a
su más grande e importante facilitador, dentro de un incesante proceso de
desregulación mundial, que en el caso de la banca podemos señalar encuentra
su fuente de mayor impulso transformador en el Concordato de Basilea de
finales 1987, suscrito por los líderes del Grupo de los 10, el cual estableció
estándares mínimos de regulación bancaria internacional, que a su vez han sido
adoptados en las legislaciones internas de más de 100 países del mundo. En
Venezuela se incorporaron dichos estándares en la Ley General de Bancos y
Otras Instituciones Financieras de 1993, manteniéndose en la del 2001, que
consisten fundamentalmente en la adecuación o requerimientos de capital, el
tratamiento de nacional a las inversiones extranjeras en la intermediación
financiera local, y la cooperación internacional entre entes supervisores.
Del Concordato de Basilea a la actualidad han ocurrido importantes cambios en
la estructura del sistema financiero, y tales cambios siguen ocurriendo como
consecuencia de los avances de la tecnología.

sitio web (al contar con acceso autorizado al respectivo sistema informático) y que tales
actuaciones y las resultas de las mismas sean debidamente documentadas (lógicamente, bajo
estricto carácter de confidencialidad). Al final del día, lo importante es poder determinar la
diligencia en el manejo de este tema.
21
La globalización, la consolidación32, la desregulación y la tecnología imponen
importantes retos para los entes reguladores: la provisión de servicios bancarios
a distancia y de manera desmaterializada (banca en-línea o sin establecimiento),
es decir, el riesgo de la internacionalización plena del sector bancario y
financiero; el resguardo de la seguridad y privacidad; la entrada al mercado de
nuevos prestadores de servicios (nuevos competidores “no-bancarios”); el
desfase de la realidad jurídico-legal local frente a la globalización de las
operaciones bancarias contra la dificultad de aplicar la ley nacional y ejercer las
funciones de supervisión en un mercado globalizado; la protección al
consumidor y al usuario; la promoción de la libre competencia; velar por la
transparencia en la prestación de los servicios; protección de la estabilidad y
solvencia del sistema financiero en un ambiente dinámico y cambiante; la
diversidad de entes reguladores en un mercado que cada vez se consolida más;
el advenimiento del dinero digital; entre otros. Todos estos retos ponen en tela
de juicio el modelo actual de supervisión bancaria y financiera.
La internacionalización del sistema financiero como resultado de los avances
tecnológicos, la desmaterialización de los servicios o la prestación de servicios
sin establecimiento y la consolidación del sistema, obligan a repensar el modelo
actual segregado de supervisión financiera (Banco Central, Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras, Comisión Nacional de Valores,
Superintendencia de Seguros, Fondo de Garantía y Protección Bancaria) que se
centra en la revisión por tipo de institución financiera (bancos, entidades de
ahorro y préstamo, casas de bolsa, administradores de entidades de inversión
colectiva, asesores de inversión, empresas de seguros, etc.) y migrar a un
sistema de supervisión donde las funciones de supervisión y regulación se
encuentren congregadas en un único ente regulador (por ejemplo el Banco

32 La consolidación en el sector financiero obedece a dos razones fundamentales: 1) la
eliminación de las barreras de entrada a mercados locales, favoreciendo la apertura de
sucursales y constitución de subsidiarias de bancos extranjeros, así como también los procesos
de fusión; y, 2) la eliminación de la separación de actividades de banca de inversión,
intermediación bursátil e intermediación financiera, producto de las fuerzas del proceso de
desintermediación en el crédito.
22
Central) y cuyos objetivos o finalidades estén concentrados en el resguardo de
la estabilidad y solvencia del sistema, la transparencia y la libre competencia,
dentro de un marco activo de cooperación internacional.
Por otra parte, la casi obligada internacionalización del sistema financiero
también impone la modernización y armonización de las leyes, por la vía de la
creación de principios generales internacionales que sean adoptados por las
leyes internas de cada país. Tales principios generales deben estar orientados a
la creación de un pasaporte o licencia única de funcionamiento internacional que
permita la prestación de servicios financieros sin establecimiento, en términos
similares a la autorización única o también conocido como “pasaporte
comunitario” de la Unión Europea, que “supone que una entidad de crédito
autorizada para operar en cualquier Estado comunitario que quiera abrir una
sucursal en cualquier otro no tendrá que someterse a una nueva autorización”,
aplicando igualmente “a la prestación de servicios sin establecimiento”33. El
control y supervisión tendría que quedar de parte del país de origen, siguiendo la
misma política de la Unión Europea, supeditado a un ente de supervisión
internacional que agrupe y coordine a los supervisores locales. Los funcionarios
dedicados a la supervisión financiera desmaterializada, no solo tendrán que ser
técnicos contables y financieros, sino también ingenieros informáticos y
tecnólogos. Por otra parte, las inspecciones podrían llegar a hacerse a distancia,
ingresando al sistema informático del banco o institución financiera objeto de
revisión.

33 Del Caño Palop, José Ramón; Vargas Bahamonde, Fernando. La Prestación de servicios
bancarios en la Unión Europea: el “pasaporte comunitario”. Derecho de Internet, Contratación
Electrónica y Digital. Editorial Aranzadi, S.A. Elcano, 2000. Pg. 457: …”la entidad que desee
prestar sus servicios por primera vez en otro Estado miembro notificará a su autoridad de origen
qué actividades de la citada lista quiere ejercer, quien, a su vez, lo notificará, en el plazo de un
mes, a la autoridad competente del país de acogida”….”un banco autorizado en un Estado
miembro puede instalarse (y prestar servicios sin establecimiento) libremente en otro Estado
miembro y realizar todas aquellas operaciones de la lista de la Segunda Directiva que no le estén
vetadas en su propio Estado miembro de origen.”
23
El control monetario será otro de los grandes problemas que generará la
internacionalización financiera y la acogida en masa del dinero digital34. Hasta la
fecha, la mayoría de las instituciones bancarias y financieras han limitado sus
actividades de banca en-línea a sus propias jurisdicciones y las han denominado
en la moneda de curso legal según su jurisdicción de origen. La banca
desmaterializada permitirá a los usuarios tranzar en las monedas que deseen y
en tiempo real. Todo lo cual generará cambios en los procesos de
compensación y liquidación, así como también en lo que respecta al control de la
masa monetaria, de las reservas internacionales y el lavado de dinero. Estamos
en la antesala de la creación de un nuevo orden monetario internacional, a la
cabeza del cual muy probablemente estará un banco central mundial al cual
estarán adscritos los bancos centrales locales y con políticas coordinadas.
VIII. Conclusión.
El negocio bancario en-línea al igual que el tradicional que se basa en la
presencia física, tiene todas las fronteras jurídicas propias del derecho
internacional privado pero con mayores complejidades generadas por la
innovación tecnológica.
La obligada internacionalización y desmaterialización financiera, producto de los
avances tecnológicos, así como también la consolidación del sector financiero,
nos acerca cada vez más a las finanzas del futuro. La prestación de servicios
financieros sin establecimiento probablemente permita que los usuarios sean los
que finalmente decidan con cuál operador financiero tranzar, con independencia
de la nacionalidad y domicilio que dicho operador tenga. Hablamos de operador,
pues muy probablemente con una misma institución (sin que ésta
necesariamente tenga la connotación tradicional de banco o de institución
financiera) se manejará la cuenta corriente, la de ahorros, la contratación de

34 El dinero digital presenta múltiples riesgos, uno de los cuales corresponde a la posibilidad de
diversidad de emisores y, por ende, sin control. Una posibilidad sería que el banco central
también participase como emisor o se arrogue el monopolio.
24
créditos comerciales e hipotecarios, cuentas de intermediación bursátil,
contratación de seguros, etc. (las operadoras de servicios de telecomunicación
probablemente adoptarían esa figura de operador financiero, al menos por ahora
en la intermediación en los pagos). Seremos ciudadanos del mundo, pues la
tecnología permitirá que de manera homogénea podamos identificarnos
plenamente en la red de redes y que dicha identidad surta plenos efectos
jurídicos. Todo ello produce retos y riesgos que debemos abordar, analizar y
estudiar a los efectos de producir las normas necesarias para generar confianza
y seguridad jurídica, permitiendo que la realidad “tecno-fáctica” no sobrepase la
realidad jurídico-legal.
Por tanto, la posición de los reguladores no puede ser otra que darle cabida a
los cambios impulsados por la tecnología, a la nueva concepción del negocio
bancario y financiero que lleva años gestándose (convergencia de la banca con
las telecomunicaciones o con la tecnología de la información y comunicación35),
a la apertura del mercado a nuevos competidores (consolidación del negocio
bancario y financiero), dictando las normas prudenciales que la ley le faculta al
atribuirle competencias para regular esta materia, tratando de que tales normas
se encuentren en armonía con las del resto de las jurisdicciones del mundo. La
banca en-línea demanda un modelo de supervisión más flexible, con mayor
coordinación internacional, de manera que permita amoldarse rápidamente a los
cambios que genera el vertiginoso avance de la tecnología.

35 Reconociendo así que las telecomunicaciones es una actividad conexa o vinculada a la
bancaria, así como también la provisión de certificados electrónicos, por ejemplo.
25
IV. Bibliografía.
1) Bank for International Settlements. Risk Management Principles for
Electronic Banking. Mayo 2001.
2) Bank for International Settlements. Basel Committee for Banking
Supervision. Electronic Banking Group Initiatives and White Papers.
Octubre 2001.
3) Del Caño Palop, José Ramón; Vargas Bahamonde, Fernando. La
Prestación de servicios bancarios en la Unión Europea: el “pasaporte
comunitario”. Derecho de Internet, Contratación Electrónica y Digital.
Editorial Aranzadi, S.A. Elcano, 2000.
4) Muci, Gustavo. ¿Delitos en la Red o simples ilícitos civiles? Revista
Inversiones, N° 212. Caracas, Marzo, 2001.
5) Muci, Gustavo. “Tele-Banking”. El Universal, opinión, cuerpo 2, página 9.
Caracas, 8 de enero de 2002.
6) Muci, Gustavo; Martín Ponte, Rafael. Las Telecomunicaciones como
negocio conexo al bancario. Revista Dinero. Caracas, Julio 2002.
7) Salame Murad, Marcelo A. El Dinero. Firma Digital – Banca Electrónica –
Infraestructura Bancaria de Firma Digital.
8) Oatley, Thomas. The Dilemas of International Financial Regulation.
Regulation, Volume 23, N° 4.
9) Partanian, Thomas; Ledig, Robert H.; Bruneau, Lynn, sugieren, en su libro
“21 Century Money, Banking & Commerce.Fried, Frank, Harris, Shriver &
Jacobson. Washington D.C., 1998.
10)Pawlan, Monica. Cryptography: The Ancient Art of Secret Messages.
http//:www.sun.com.

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