La “autenticidad” que proveen las Firmas Electrónicas

Gustavo Muci

Abogado Asociado de Andersen Legal

La Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas prevé supuestos de hecho y mecanismos para que la firma electrónica tenga la misma eficacia y valor probatorio de la manuscrita, pretendiendo generar la confianza y seguridad que nos acostumbra el uso del papel y resolviendo problemas como autoría, integridad, rechazo del envío o recepción y confidencialidad del mensaje.

La Ley define a la firma electrónica como aquella información creada o utilizada por el signatario, asociada a un mensaje de datos, que permite atribuirle su autoría bajo el contexto en el cual ha sido empleada. Dicha acepción da cabida a todas las modalidades existentes o emergentes de firmas, como las digitales verificadas por referencia a un certificado emitido por un proveedor de servicios de certificación.

Los certificados electrónicos son mensajes de datos proporcionados por un proveedor de servicios de certificación que atribuyen certeza y validez a la firma electrónica, al vincular un mensaje de datos con un signatario y confirmar su identidad. La conjugación práctica de la tecnología utilizada con el servicio prestado por dichos proveedores logra que la firma digital proporcione los atributos de integridad, autenticidad y no rechazo. Ante estos atributos, ¿podríamos afirmar que legalmente existe equivalencia entre proveedores de certificación y notarios o registradores públicos? Interpretando la Ley, afirmamos que no sustituyen ni modifican las funciones de quienes, con arreglo a derecho y apego a formalidades de ley, deben dar plena fe de la firma en documentos que le fueron físicamente presentados por sus otorgantes y de la identidad de éstos. Ahora bien, no basta la sola presencia del funcionario público en el acto de otorgamiento para provocar la autenticidad de los documentos que ante él son presentados, pues en adición a ello, éste deberá tener competencia legal y cumplir con la Ley de Sellos, por ejemplo.

Por tanto, aunque el certificado electrónico produzca certeza en cuanto a la identidad del signatario, eso no lo equipara al rango de documento auténtico, al adolecer de las formalidades previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Además, tales proveedores no cuentan con la competencia legal debida, y así se desprende del Art. 38 de la Ley: “el Certificado Electrónico no confiere la autenticidad o fe pública que conforme a la ley otorguen los funcionarios públicos a los actos, documentos y certificaciones que con tal carácter suscriban”. Dicha norma debe leerse en concordancia con el Art. 1 de la Ley, que señala que la certificación no excluye el cumplimiento de las formalidades de registro público o autenticación que requieren determinados actos o negocios jurídicos. En conclusión, dichos proveedores no son legalmente equiparables a notarios o a registradores públicos. Pero ello no obsta para que reglamentariamente se desarrolle un procedimiento a través del cual un signatario imponga, ante notario o registrador público, su firma electrónica en un mensaje de datos determinado, previa comprobación de su identidad personal y de la validez de su clave pública.

 

 

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