Formación de Contratos a través de medios electrónicos y el Proyecto de Ley de Transmisión de Mensajes de Datos

Gustavo Muci (*)

 

Al analizar lo que es Internet y los beneficios y facilidades que nos brinda, debemos necesariamente percatarnos que su ubicuidad nos permite estar en múltiples lugares sin sabernos presentes (suerte de omnipresencia) y ello tiene como consecuencia la interacción con legislaciones que ni sabemos estamos interactuando; asimismo, que Internet no es terreno de nadie, sino territorio de muchos y como corolario se encuentra fraccionada en diversas jurisdicciones al igual que lo está el mundo físico. La abstracción o intangibilidad de Internet no implica su exclusión explícita o implícita de las regulaciones existentes en el mundo físico.

Por otra parte, también se puede afirmar que en Internet impera una suerte de “autorregulación”, que proviene de la creación de contratos de adhesión o contratos estandarizados que se formalizan a través de medios electrónicos.

La referida ubicuidad y abstracción nos obliga a plantearnos las siguientes preguntas: ¿son legales los contratos electrónicos?; ¿cómo se forman o perfeccionan?; ¿son contratos a distancia?; ¿cuándo y dónde se perfeccionan?; ¿qué ley les aplica?; ¿qué ocurre con las ofertas a personas indeterminadas?; ¿son contratos ciegos?; ¿cómo se demuestra la identidad?.

En nuestro actual sistema legal, los contratos electrónicos (aquellos que se formalizan a través de telex, swift, fax e internet) carecen de régimen propio, pero ello no implica que las disposiciones contenidas en nuestro Código Civil, Código de Comercio, Código de Procedimiento Civil y demás leyes no les sean aplicables. En este sentido, en lo que respecta a la formación de los contratos aplicaría el principio general siguiente: Todo contrato se forma tan pronto como el autor de la oferta tenga conocimiento de la aceptación de la otra parte, es decir, cuando concurren las voluntades de las partes contratantes. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la voluntad o el consentimiento de las partes? Salvo que la propia ley exija formalidad expresa, éste se puede manifestar a través de los siguientes medios: verbalmente (incluye el uso del teléfono); por escrito (a máquina o a mano, bajo soporte papel o electrónico); y por señas, pero generalmente la manifestación de voluntad se produce mediante la firma autógrafa de las partes contratantes. Pero, ¿cuándo y dónde se perfeccionan los contratos electrónicos? Como quiera que dichos contratos califican dentro de la acepción de contratos “a distancia”, pues las partes no están presentes físicamente a la hora de celebrarlos y quizás ni siquiera se conocen (contratos ciegos), el principio general que aplicaría sería el siguiente: “la aceptación o la revocación por una cualquiera de las partes, se presumen conocidas desde el instante en que ellas llegan a la dirección del destinatario (por ejemplo dirección de correo), salvo que este pruebe haberse hallado, sin culpa, en imposibilidad de conocerla”. Por otra parte, otro de los problemas es dónde se entiende formado el contrato; el principio general indica que: “salvo que las partes convengan otra cosa, se entenderá celebrado el contrato en la jurisdicción de quien hubiere hecho la propuesta primitiva o la propuesta modificada”. En adición a la jurisdicción, también habría que preguntarse qué ley aplicaría, y la respuesta general sería que salvo convención previa de las partes (que hayan elegido una ley en particular para regular sus relaciones), todos los actos concernientes a la ejecución de los contratos celebrados en país extranjero y cumplidos en Venezuela, serán regidos por la ley venezolana.

Ahora bien, la mayoría de las páginas web contienen ofertas dirigidas al público en general y, por tanto, éllo se traduce en una invitación a ofrecer (por ejemplo: ofertas de mercancía o de servicios). Una invitación a ofrecer implica, por ejemplo, que si se vende bienes en la red, el cliente interesado ofrecerá comprarle al comerciante algún artículo en particular, y el comerciante estará en libertad de aceptar o no. En estos casos, lo descrito en el párrafo anterior varía un tanto, pues en este caso el contrato se perfeccionará cuando el comerciante reciba un pedido por parte de un incierto destinatario, y dicho pedido sea aceptado por aquél. En estos casos, la identidad del comprador viene tácitamente certificada por el respectivo emisor de tarjeta de crédito, si se utiliza como medio de pago.

Como pueden observar, a muy grandes rasgos, este es un tema complejo, cuyos problemas probatorios, si no son manejados con la debida precisión y prudencia, generarán inseguridad y atentarán contra el desarrollo del comercio electrónico. En propósito, Venamcham y la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico conjuntamente elaboraron un proyecto de Ley de Transmisión Electrónica de Mensajes de Datos (Proyecto), que tiene como propósito lograr la seguridad jurídica necesaria, para el desarrollo de las actividades vía electrónica, estableciendo la equivalencia entre documentos de soporte papel y los electrónicos.

El Proyecto tiene como ámbito de aplicación regular expresamente la eficacia y el valor jurídico de todo tipo de información en forma de mensaje de datos transmitidos electrónicamente, dentro del ámbito de las actividades civiles, comerciales o administrativas; así como todo lo relativo a la firma electrónica, los entes de certificación, certificados electrónicos y cualquier otra materia que incida en la transmisión de mensajes de datos vía electrónica. Es más, de la lectura del Proyecto se interpreta que podrían suscribirse “en-línea” documentos que requieran de fe pública (Notarías y Registros Públicos).

Dentro de los aspectos positivos que se incorporan al Proyecto, se encuentran los siguientes: 1) reconocimiento de fuerza probatoria y validez jurídica a los mensajes de datos; 2) se prevé expresamente que el requisito de firma autógrafa podrá ser satisfecho utilizando un método que otorgue autenticidad e integridad y que medie certificación emanada de un ente certificador; 3) se prevé expresamente que el requisito de “por escrito” será satisfecho con un mensaje de datos, si la información que este contiene es accesible para su ulterior consulta; 4) se valida expresamente que la formación de los contratos pueda realizarse a través de medios electrónicos;  5) se establecen disposiciones encaminadas a regular el cómo, cuándo y dónde de la formación de los contratos, así como de las aceptaciones de ofertas; 6) se preveen disposiciones tendientes a prevenir fraudes en la red por efecto de la celebración de contratos ciegos, al estipular presunciones de identidad acerca de los remitentes de mensajes electrónicos; 7) se reconoce fuerza probatoria y validez jurídica a la firma electrónica, teniendo el mismo valor probatorio y los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa contemplada en nuestra legislación ordinaria, siempre y cuando cumpla con los requerimientos previstos en el Proyecto; 8) proclaman que la firma electrónica vincula al emisor titular de la firma en sus obligaciones frente a terceros; 9) se prevé la figura de los entes certificadores atándoles a la condición de personas jurídicas de naturaleza pública o privada, nacionales o extranjeras; 9) se estipulan las responsabilidades de los entes certificadores; en fin, el Proyecto busca sentar las bases para el desarrollo armónico y seguro del comercio electrónico, así como de la evolución tecnológica y sus implicaciones en las relaciones sociales, comerciales y hasta administrativas.

En aras de simplificar las complejidades descritas en los primeros párrafos y de la certeza de las relaciones electrónicas, esperamos que en el plazo más breve tengamos una ley, como otras jurisdicciones la tienen, que expresamente desarrolle el tema vinculado a la transmisión de datos y contratación electrónica.

*Abogado asociado a Romero-Muci, Briceño & Asociados, despacho de abogados miembro de Andersen Legal.

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