FOGADE Y LA REFORMA DE LA LEY DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Gustavo Muci

Abogado Asociado a Andersen Legal

gustavo.muci@ve.andersenlegal.com

 

Con motivo de la discusión del Proyecto de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, observamos con preocupación la existencia de dos temas inherentes al funcionamiento del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) que reciben el mismo tratamiento que aquel provisto en Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras actualmente en vigor. Los temas a los cuales hecemos alusión son: a) aquel relativo a la uniformidad de los aportes mensuales que deben efectuar las entidades bancarias y financieras a Fogade; y, b) aquel relativo a las funciones contradictorias que tiene Fogade: garantizar depósitos contra auxiliar instituciones bancarias o financieras en estado de iliquidez o insolvencia.

En aras de contribuir con la discusión del referido Proyecto de Ley, a continuación exponemos nuestro criterio acerca de la manera como deberían regularse el tema de los aportes anteriormente aludidos y cuáles deberían ser las funciones de Fogade.

Aportes a Fogade

Desafortunadamente vivimos en un mundo repleto de riesgos y el sector bancario y financiero no está exento de ellos. Particularmente, cuando la gerencia de las entidades bancarias, buscando procurarles a sus accionistas y así mismos mayores rendimientos, incrementan su posición en inversiones de alto riesgo. Si esas inversiones terminan dando cuantiosas ganancias, son los accionistas quienes en definitiva van a resultar beneficiados, no obstante, si las inversiones generan pérdidas, éstas serán compartidas con todos los acreedores de la entidad. En estas situaciones, siempre habrá accionistas codiciosos, a quienes no les importa tomar riesgos excesivos, pues saben que su responsabilidad se encuentra limitada al importe de su respectivo aporte al capital social.

En la actividad bancaria, estos incentivos existen con o sin un sistema de garantía de depósitos. Si no existiera dicho sistema, los depositantes tendrían, o bien que imponer orden en el mercado, exigiendo un mayor rendimiento para sus depósitos como consecuencia del riesgo que están dispuestos a asumir, o evitar colocar sus depósitos en aquellas instituciones financieras que comporten un mayor riesgo.

Los esquemas de garantías de depósitos y protección bancaria, colocan a las entidades financieras en una posición distinta a la que encaran otras empresas dentro del ámbito económico, porque trasladan el riesgo de posible insolvencia, que tendrían que ponderar y asumir los depositantes, hacia el garante, que en el caso venezolano le corresponde a Fogade, pero a diferencia de lo que ocurre con las pólizas de seguros, Fogade no impone restricciones a los bancos que están adscritos a ella en cuanto a la importancia de los riesgos que toman. Las compañías de seguros no subsidian el riesgo que sus asegurados asumen, antes bien, avalúan estrictamente cada uno de ellos, so pena de salir del mercado.

Bajo un sistema de garantía de depósitos, los depositantes no tienen la necesidad de vigilar ni el balance, ni los índices financieros de la entidad financiera receptora de sus depósitos. Así, que la mayoría de ellos no tienen ni la más mínima idea de cómo se encuentra financieramente el banco o los bancos en los cuales colocan su dinero, y en muchos casos, ni siquiera les interesa conocerlo, pues saben que independientemente de la situación financiera de éstos, sus depósitos se encuentran garantizados por Fogade hasta un límite máximo.

La distrorsión antes señalada, crea un incentivo para que la plana gerencial de algunas entidades financieras, jueguen y especulen indiscriminadamente con sus activos; en el entendido que si la apuesta llegase a resultarles favorable, la entidad financiera y sus accionistas percibirán cuantiosas ganancias; pero a la inversa, si el resultado llegase a serles desfavorable, las pérdidas serían absorbidas por Fogade. Significa esto la existencia de un “subsidio” para aquellos bancos que tienen un cartera de inversiones muy riesgosa, que les permite financiar un rápido crecimiento con depósitos de bajo costo.

En la actualidad, los aportes mensuales que las entidades financieras efectúan a Fogade, y que constituyen parte muy importante de su patrimonio, se determinan en función de una tarifa uniforme para todas. Quien propugnó esta tesis, partió del falso supuesto, que todas ellas entrañan riesgo similar o uniforme. Cada banco es objeto de riesgos propios, que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia pueden ser equiparados al de otras entidades del mercado. Dicho en otras palabras, cada una está sujeto a diferentes variables y, por consiguiente, presenta riesgos exclusivos y particulares.

Juzgamos que la tarifa que determine los aportes que cada entidad financiera deba hacer a Fogade, debería ser calculada ponderando el riesgo que ésta presenta para el público depositante, para el patrimonio del Fondo y el de todo el colectivo. Dicho riesgo tendría que ser determinado a través de exhaustivos estudios y análisis financieros, eleborados periódicamente por la Gerencia de Operaciones Bancarias de Fogade, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 15, literal (a) del Reglamento Interno del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria. A tales efectos, se tomarían en cuenta las siguientes variables: capital, activos, capacidad gerencial, ingresos ordinarios, utilidades y liquidez de cada una de las entidades financieras. De acogerse este esquema, se lograría, en definitiva, que aquellas que representen un mayor riesgo financiero aporten más.

Funciones contradictorias de Fogade

El legislador venezolano al redactar la vigente Ley General de Bancos, cometió el gravísimo error de otorgarle a Fogade, entre otras potestades que este instituto posee, tanto la de garantizarle al público sus depósitos, como la de prestar auxilios financieros a bancos o instituciones financieras que presentasen problemas de iliquidez o insolvencia (Art. 203, ordinales 1° y 2°). El proyectista de la Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, actualmente en vigor, ha cometido el mismo error (Art. 301, ordinales 1° y 2°).

Pareciera que el legislador, y ahora el proyectista, no se hicieron las siguientes preguntas: ¿Cómo puede Fogade resguardar y garantizar los depósitos del público, cuando también está encargado de mantener la liquidez y la solvencia de las entidades financieras?; ¿cómo puede Fogade imprimir estabilidad y seguridad en el sistema financiero venezolano, cuando debe comprometer su propio patrimonio en la reflotación de aquellos bancos que presenten problemas de iliquidez o insolvencia?; ¿puede el presente esquema de garantía de depósitos y protección bancaria generar confianza en los depositantes?

Juzgamos que la doble función que cumple Fogade, la de prestar auxilios y dar garantía al mismo tiempo, es totalmente contradictoria, y crea un grave conflicto de intereses. Esa contradicción ha quedado al descubierto, no sólo en la crisis bancaria del ’94 y ’95, sino también en casos recientes, cuando se le entregaron cuantiosas sumas de dinero a bancos y otras instituciones financieras que se encontraban quebrados. Es así como se ha desvirtuado, desde su creación, el propósito fundamental de esa institución. Queda tácitamente demostrado, pues, que el sistema de garantía de depósitos venezolano no está en la plena capacidad de cumplir su fin, ya que la ideología que respalda la creación de estos sistemas es contraria a la protección de los intermediarios financieros de posibles quiebras, y de amparar gerencias fraudulentas.

Es inconcebible que sobre los anticipos de fondos que recibe Fogade provenientes del Banco Central de Venezuela para prestar auxilios financieros, se le deba dar en garantía los aportes futuros que perciba de los bancos adscritos a él y de los que realice el Ejecutivo Nacional (Art. 225 de la Ley de Bancos vigente y Art. 327 del Proyecto de Reforma de la Ley de Bancos). Esos aportes tienen como propósito crear las reservas necesarias que garanticen los depósitos que los bancos perciben del público, pues la lógica impone crear en los depositantes la plena seguridad de que sus depósitos se encuentran protegidos, lográndose así la estabilidad del sistema financiero nacional.

Consideramos que esta contradicción en las atribuciones de Fogade podría ser superada si se traslada al ente emisor la función de prestar auxilios financieros para restablecer la liquidez, mas no la solvencia del sistema bancario; en el caso de bancos insolventes, debería compelerse a sus accionistas a que recapitalicen la institución, y de no materializarse el aporte de capital, entonces tendrá que intervenirse inmediatamente para después, o bien ser liquidados, o propiciar su fusión con otra entidad bancaria.

En fin, consideramos que el momento es apropiado para incorporar estos temas al debate vinculado con la reforma financiera, entiéndase, reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela y reforma de la Ley General de Banco y otras Instituciones Financieras, pues lo que todos queremos es un fortalecimiento de nuestras instituciones de supervisión y reguladoras y, por ende, del sistema financiero. Bienvenida la discusión.

 

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